II República: España sin libertad de prensa
Como decíamos en la anterior entrega, en ésta
veremos más cierres y clausuras de periódicos durante los años 1.932 y 1.933.
1.932
Durante el año 1932, se
continúa en la misma línea. Así el 15 de enero es atacado en Valladolid el “Diario
Regional”, por elementos izquierdista de la FUE. El 31 del mismo mes es multado el periódico
segoviano “El Adelantado” por hacer un comentario sobre la retirada de un
crucifijo en una escuela.
El 25 de febrero es
suspendido el periódico “El Imparcial”.
El 11 de abril es suspendido
el semanario mallorquín “Verdad y Justicia”
“El Times” de Londres publicaba un artículo sobre la política
que estaba llevando a cabo Azaña. Decía así:
“Desde que está en el
poder el señor Azaña, no sólo ha hablado claramente, sino que ha obrado con
resolución. El secreto de su éxito reside en el hecho de que es en la práctica,
aunque no en teoría, casi un dictador. Actuando bajo la Ley de Defensa de la República, puede hacer
lo que le plazca. Cuando los críticos se quejan de lo que hace, contesta que
las Cortes pueden derogar la Ley
cuando ellas quieran. . . Arresta arbitrariamente a personas que considera
peligrosas y suprime periódicos hostiles . . .”
El 19 de ese mismo mes de
abril, son multados los periódicos “La Correspondencia”, de Madrid y “El
Noticiero” de Zaragoza.
Al día siguiente son
retiradas de la circulación por la policía las tiradas de los diarios “La
Nación” y “Siglo Futuro”, corriendo la misma suerte el “Diario de Armería”.
En mayo es multado el “Diario
de la Rioja”, y suspendido el diario balear “Verdad y Justicia”. El día 28 de
este mismo mes, es secuestrada por el gobierno la edición de “ABC”.
El 15 de junio es multado el
periódico segoviano “El Adelantado”. El día 23 también es multado “El Correo
Catalán” y el día 28 vuelve a ser secuestrada por el gobierno la edición de “ABC”.
El 1 de julio son multados y
clausurados “El Imparcial” y “El Tiempo”. En esos mismos días aparece un
semanario catalán, “Notares Sols”, que incita a la rebelión y al separatismo.
En un artículo dice:
“Mira hermano catalán: mira que cada día que
pasa se acerca más la rebelión . . . ¡Hermanos, el momento de alzarnos contra
esa raza despótica que nos tiraniza ha llegado ya!”. La agitación separatista no representaba ningún
peligro para la seguridad de la República. Este tipo de prensa no se clausuraba
ni se secuestraba por el gobierno.
El día 7 de julio es multado
el “Correo de Lérida”, y suspendido indefinidamente “La Correspondencia”, de
Madrid. El día 30 es suspendido en Sevilla “La Unión”. Este mismo día “El
Socialista” publicaba un artículo atacando al Ejército, no siendo clausurado ni
censurado.
El 18 de octubre el periódico de Lérida “El Correo” vuelve a ser multado.
El 20 del mismo mes vuelve el
Times londinense a publicar un artículo con el
título “Lo que sufre la prensa en España”. Decía lo siguiente:
“La petición
presentada recientemente en Ginebra por uno de los representantes españoles en la Sociedad de Naciones, la
señora de Palencia, periodista distinguida, señala que la próxima conferencia
de prensa que se celebrará en Madrid, debe contribuir a llamar la atención
internacional sobre la amarga suerte de la Prensa bajo la República . . .”
En noviembre, por el
contrario, “El Socialista” hacía el siguiente comentario:
“Esto da gusto. España ha salido del marasmo y del
quietismo. Ahora en España hay vida”.
Sin comentarios.
1933
En el mes de abril de este
año se crea la “Asociación de Amigos de la Unión
Soviética”. A tal efecto, el periódico comunista francés “L’Humanité”
publicaba lo siguiente:
“Hay que congratularse de la simpatía que todo lo
soviético tiene en España, singularmente entre los intelectuales y burgueses .
. . Grandes periódicos burgueses dedican sus editoriales a la creación de los
Consejos de la Unión
Soviética. Las gentes arrebatan de las manos las obras sobre la URSS . . .”
Todo esto es mentira, ya que tales
periódicos burgueses eran multados, cerrados o clausurados por el régimen, como
ocurrió con “La Vanguardia” de Barcelona que, a finales de junio, publicaba lo
siguiente:
“Es inútil
escribir, es inútil protestar. En Barcelona se asesina, se atraca, se roba, se coacciona, se
colocan bombas, se pelea a tiro limpio en plena calle y se cometen a diario
crímenes y desmanes”.
“El Daily Telegraph”
londinense también se hacía eco de lo que pasaba en España. El 7 de julio
publicaba lo siguiente:
“España deriva
hacia la anarquía. Se ha batido un record de opresiones y atrocidades
policiales. Solamente hay un partido político se le ha prohibido celebrar 172
mítines”.
También el “Daily Mail”
comentaba:
“El terrorismo
se ha hecho tan cotidiano en el pueblo, que ya la dinamita y las bombas no
asustan a los españoles. El estado de España es caótico por la confusión
política, social y económica, efecto de los años de desorden”.
No seguimos con los años
siguientes porque sería muy pesado y repetir más de lo mismo.
El gobierno republicano se
valía de un mecanismo legal para cerrar, multar o clausurar las distintas
publicaciones. Consistía tal mecanismo en la denuncia que presentaba una
autoridad, por ejemplo un Alcalde republicano, ante un fiscal. Las excusas,
como ya decíamos en el primer artículo, eran por atentar contra la seguridad de
la República. En
la realidad se cerraban por los motivos más peregrinos. El artículo 34 de la Constitución
republicana decía:
“Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus
ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a
previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros o
periódicos, sino en virtud del mandamiento judicial competente. No podrá
decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme”
Todo esto se quedaba en
simple palabrería porque luego se aplicaba la Ley de Defensa de la República que prohibía
difundir comentarios o noticias que indujesen a “quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público”.
Aquella sentencia firme no se aplicaba por igual a los distintos medios de
comunicación, como ya es sabido. Además, una vez caducada la vigencia de la Ley de Defensa de la República en agosto de
1933, Azaña sustituyó esta Ley por la
Ley de Orden Público, que volvía a vulnerar las libertades
expresadas en la Constitución.
Continuará.
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