Hay que recuperar “la memoria democrática” de “Su Sanchidad” y de Sor Yolanda, oiga. Vamos a ello.
El gobierno republicano se valía de un mecanismo
legal para cerrar, multar o clausurar las distintas publicaciones,
principalmente periódicos. Consistía tal mecanismo en la denuncia que
presentaba una autoridad, por, ejemplo un Alcalde republicano, ante un fiscal.
Las excusas eran por atentar contra la seguridad de la
República. En la realidad se cerraban por los motivos más peregrinos. El
artículo 34 de la Constitución republicana decía:
“Toda
persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de
cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura. En ningún caso
podrá recogerse la edición de libros o periódicos, sino en virtud del
mandamiento judicial competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún
periódico, sino por sentencia firme”
Todo esto se quedaba en simple palabrería porque luego se aplicaba la Ley
de Defensa de la República que prohibía difundir comentarios o
noticias que indujesen a “quebrantar el crédito o perturbar la paz o el
orden público”. Aquella sentencia firme no se aplicaba por
igual a los distintos medios de comunicación, como ya es sabido. Además, una
vez caducada la vigencia de la “Ley de Defensa de la República” en
agosto de 1933, Azaña sustituyó esta Ley por la Ley de Orden Público,
que volvía a vulnerar las libertades expresadas en la Constitución.
Visto lo
anterior, tal parece que en estos momentos del “sanchismo” y del “yolandismo”
estamos casi en las mismas condiciones que en aquellos tiempos republicanos.
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