Cualquier medida de tipo
económico que se tome, requiere un estudio previo para saber el efecto que
tendrá sobre las empresas, ya que éstas son los pilares de cualquier Estado normalmente constituido.
Para empezar, la reducción
del déficit público, tiene que ser el primer y principal objetivo de cualquier
gobierno. Y para esto creemos que no hacen falta 600 asesores, como en su día
tenía el Bobo Solemne. Y aún con este “asesoramiento”, el déficit público en
España alcanzó cotas estratosféricas.
Además, cuando se dispara el
déficit, hay un efecto dominó espantoso: dicho déficit impulsa la presión
fiscal, bien directa o indirectamente. A su vez, esta presión trae como
consecuencia aumentos e incrementos de todo tipo de costes: desde el aumento del
precio del transporte y de la energía, como consecuencia de los impuestos sobre
los carburantes, hasta el aumento del IRPF. Esto, a su vez, trae otra
consecuencia: los asalariados, como es lógico, intentan pactar otros sueldos
que serían inasumibles por la empresa.
También hay que tener en
cuenta que la financiación de ese déficit va a suponer el aumento de las cargas
financieras de las empresas. Mientras el Estado gaste más de lo que recauda,
pondrá a las empresas en un grave aprieto, que derivará en una desastrosa
economía nacional como la que estamos viviendo. . . aunque claro, oiga, a este gobierno parece
que le preocupa más la recaudación, y el bombardeo ideológico, que la
competitividad de las empresas.
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