La verdad es que hemos estado pensando si intitular este artículo de esta forma, o “La legítima defensa, ¿es legítima?” Como este último título nos parecía un tanto redundante, hemos optado por el primero.
Sobre el tema de la legítima defensa ya hemos escrito
en este blog algunos artículos. Ahora volvemos sobre el tema porque la
situación por la que estamos atravesando creemos que así lo exige.
El asunto es un poco delicado porque ya las mismas
definiciones del Diccionario de los “inmortales” la RAE sobre los conceptos
“justo” y “legítimo”, dejan mucho que desear, bajo nuestro modesto punto de
vista. Así, el citado Diccionario define el concepto “justo” como “Que obra
según justicia y razón”. Sobre “legítimo”, dice: “conforme
a las leyes”
Vamos a ver: la justicia, la razón y las leyes que
imperan en el mundo islámico, en Cuba, en Corea del Norte, en China, en
Venezuela o en la desaparecida URSS, son totalmente opuestas a la libertad y al
respeto. Esto está más claro que el agua.
Si se está permitiendo que salgan de la cárcel
asesinos, delincuentes, rateros, violadores, criminales, vagos, maleantes etc.,
que hace que se esté generando un estado de alarma entre los españoles, ¿qué es
lo que tenemos que hacer?
La gente está pensando, aunque esto no se diga en los
medios de comunicación, sobre todo en los del poder, que toda esta casta
política son un hatajo de incompetentes, o lo que es peor, cómplices del
problema. La sensación de indefensión está creciendo a pasos agigantados, lo
que hace que aumente la indignación, pudiendo crearse reacciones insospechadas.
Como ya hemos comentado en otras ocasiones, si las
instituciones correspondientes no velan por la seguridad del ciudadano, a éste
no le queda más que la legítima defensa. Pero es igual, nadie reclama al
gobierno que solucione este asunto: los condicionamientos ideológicos son
notorios, lo mismo que los condicionamientos políticos.
Todo esto es debido a que se han perdido una serie de
valores y principios básicos, como son la responsabilidad del individuo y de la
familia, que pretenden ser sustituidos por otros “valores” que nada tienen que
ver ni con lo uno ni con lo otro.
Los encargados de velar por la seguridad, así como de
prevenir a la ciudadanía de los desmanes de esta lacra social, en el supuesto
de que intentasen hacer algo, verían interferidas sus actuaciones por los
citados intereses políticos e ideológicos, convirtiendo dichas actuaciones en
inoperantes e ineficientes, apartándoles de sus obligaciones.
Seamos sinceros: el problema no es otro que el sistema
judicial que, totalmente politizado, permite que se esté llegando a una
auténtica revolución delictiva que no traerá más que desestabilizaciones
políticas, jurídicas y sociales.
En un segundo artículo nos haremos una serie de
preguntas que, por lo que hemos leído a lo largo de nuestra vida, parece que no
tienen unas respuestas adecuadas, sino todo lo contrario: confusas, diferentes
y hasta contradictorias.
Continuará.
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