Vamos a recuperar la “memoria
democrática” de Su Sanchidad, pero la reciente.
Como ya saben, sociatas
y “comuniatas” no cesan de atacar a la Iglesia Católica (a otras ni pío), por
mor del IBI y de su financiación.
En el mes de febrero de
2012, el diario "El País" publicó un artículo intitulado “Jaque al
paraíso fiscal”, en el que se cuentan un montón de mentiras sobre dicha
financiación.
La ley 2/1984 de 26 de
marzo, establecida durante el “gonzalato”, habla del derecho de rectificación.
Así, el artículo primero dice:
“Toda persona,
natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por
cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere
inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio”.
Asimismo, el artículo
segundo reza:
“El derecho se
ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del
medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de
publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal
que permita tener constancias de su fecha y de su recepción”.
Ateniéndose a estos dos
artículos de dicha ley, el responsable de la Oficina de Información de la
Conferencia Episcopal Española, envió una carta tres días después al citado
periódico exigiendo rectificación sobre las mentiras que se decían en dicho
artículo. Ni qué decir tiene que no le contestaron. Hablan de democracia y
libertad, pero cuando sólo les conviene a ellos.
La citada carta de la
Conferencia Episcopal, dice:
"RECTIFICACIÓN
Sr. Director:
Le solicito que
rectifique lo publicado en la página 32 de la edición de “El País” del domingo
26 de febrero, donde se afirma que el Estado “tiene en nómina a obispos y curas
como si fuesen funcionarios”. Es falso. Son las diócesis quienes retribuyen mensualmente
a los sacerdotes. Lo podrían hacer con el dinero que procede de una parte del
Fondo Común Interdiocesano, distribuido anualmente por la Conferencia Episcopal
Española y que a su vez, se compone, entre otras partidas, del dinero que los
contribuyentes, de forma libre y voluntaria, asignan cada año en su Declaración
de la Renta a favor de la Iglesia. Pero ni siquiera todas las diócesis pagan
los sueldos con el dinero del mencionado Fondo, porque en él se incluyen
partidas de asignación y no de distribución directa a los interesados.
En la misma información
también se asegura que la Iglesia católica está exenta del IBI “en virtud de
los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede”. Tampoco es cierto. Ese régimen
fiscal está regulado por la Ley de Mecenazgo 49/2002. Es en virtud de lo que
allí se recoge por lo que la Iglesia disfruta de las mismas exenciones que
otras instituciones sin fines lucrativos.
Isidro Catela Marcos
Director Oficina de
Información Conferencia Episcopal Española".
En fin, como siempre,
sembrando odios, discordias y enfrentamientos. No pueden soportar a “La
Infame”.
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