Aprobar por porcentaje

Ya hemos comentado varias veces en este blog el desastroso sistema educativo impuesto por Felipe “Sonrisa de hiena” González, y por su sucesor José Luis “Bobo solemne” Zapatero, y por el que está ahora en la poltrona "monklovita" Y como diría aquel humorista argentino, Joe Rígoli, “Yo sigo”. Y seguimos porque pensamos que este es el tendón de Aquiles (no el talón como dicen los que van para políticos y para ministros), de la actual deriva de la sociedad.


Como recordarán, según el informe PISA, España ocupa uno de los últimos lugares de Europa en varios aspectos de la educación, tales como un bajísimo rendimiento, así como un elevado porcentaje en abandono y fracaso escolar. Para eso está la educación para la medianía, oiga.

La crisis educativa es tan brutal como la económica, aunque muchos políticos  las hayan negado, como ya es sobradamente sabido. Y por negar que no quede: jamás se admitió que  el susodicho sistema educativo público es de los más caros siendo, obviamente, poco rentable.

Esta negación política del desastre educativo, tiene su origen en que los encargados políticos de velar por el buen funcionamiento de la educación, han montado en su día una serie de mecanismos de corte burocrático, y no digamos ya nada, los de corte político-social-administrativo, con el objetivo de que se oscureciese u ocultase dicho fracaso.

Para que no se viese el desastre, se recurría, y se recurre, a “recomendar” a los directores de los centros que los porcentajes de suspensos sean los menores posibles. Es decir, hay que aprobar no por lo que se sabe, sino por el porcentaje establecido.

Otra cosa también era, y es, que los aprobados en las asignaturas más difíciles fuesen por decisión del claustro de profesores, aunque el alumno hubiese suspendido.

Otro asunto grave en la educación es la negación del derecho a elegir centro. Si echamos un vistazo a la LODE (Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación) felipista de 1.985, en el Preámbulo dice:

“La extensión de la educación básica, hasta alcanzar a todos y cada uno de los ciudadanos, constituye, sin duda, un hito histórico en el progreso de las sociedades modernas. En efecto, el desarrollo de la educación, fundamento del progreso de la ciencia y de la técnica, es condición de bienestar social y prosperidad material, y soporte de las libertades individuales en las sociedades democráticas. No es de extrañar, por ello, que el derecho a la educación se haya ido configurando progresivamente como un derecho básico, y que los estados hayan asumido su provisión como un servicio público prioritario.
Por las insuficiencias de su desarrollo económico y los avatares de su desarrollo político, en diversas épocas, el Estado hizo dejación de sus responsabilidades en este ámbito, abandonándolas en manos de particulares o de instituciones privadas, en aras del llamado principio de subsidiariedad. Así hasta tiempos recientes, la educación fue más privilegio de pocos que derecho de todos”.

Es decir, como puede verse hay un falsa inversión del principio de subsidiariedad que, como es sabido, dice que un asunto o problema debe ser resuelto por la autoridad más próxima, al negar que el derecho a educar a los hijos, sea de los padres, siendo el propio Estado el que se otorga a sí mismo tal derecho