¿Qué es la ley Bolaños?

 

En medio de un clima político tenso y con el calendario marcando un mes clave, el desgobierno de Su Sanchidad parece decidido a sacar adelante una nueva reforma legal que amenaza con alterar el equilibrio de poderes en el Estado: la conocida como “Ley Bolaños”. El nombre no oficial hace referencia a Félix Bolaños García, ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, principal promotor de una norma que ha generado una fuerte polémica tanto dentro como fuera del ámbito jurídico.

Aunque esta “ley” aún no se haya publicado, varios medios y fuentes jurídicas han filtrado algunos de los puntos clave del anteproyecto. Entre ellos destacan dos aspectos especialmente controvertidos:

a).- Apartar a los jueces instructores de las investigaciones penales, limitando su papel y transfiriendo buena parte de sus funciones al Ministerio Fiscal.

y b).- Otorgar el control operativo de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y otras unidades policiales de investigación, a la Fiscalía, en lugar de mantenerlo bajo el poder judicial.

A simple vista, puede parecer una mera reestructuración administrativa. Sin embargo, las implicaciones de esta medida son profundas y potencialmente preocupantes.

Como ya sabrán y recordarán, la mencionada UCO, jugó en su día un papel clave e importantísimo en investigaciones sensibles, como los casos Gürtel, Púnica, Kitchen o los ERE. Su trabajo, hasta ahora bajo mandato de jueces, ha permitido descubrir tramas de corrupción que involucraban, e involucran, tanto a PP como al PSOE . Transferir su control operativo a la Fiscalía, que depende jerárquicamente del Gobierno, plantea dudas sobre la neutralidad futura de sus investigaciones.

Varios colectivos judiciales, asociaciones de jueces y fiscales, y expertos en Derecho han alertado sobre los riesgos de esta reforma. Denuncian la falta de consenso, la rapidez con la que se quiere aprobar y el debilitamiento de la separación de poderes.

Incluso voces europeas observan con inquietud estos movimientos. No sería la primera vez que una institución comunitaria interviene ante reformas judiciales que puedan vulnerar los principios básicos del Estado de Derecho.

En fin, de lo que se trata es de controlar la Justicia desde el poder ejecutivo. Esta es la “regeneración democrática”, más bien degeneración democrática.