Seguro que si Ortega y Gasset y Catón viviesen en estos tiempos, dirían “Delenda est, España”, en vez de “Delenda est monarquía” y “Delenda est Cartago”.
Son varios los frentes desde los que se está intentando acabar con la unidad de la nación: desde la enseñanza, pasando por los distintos frentes políticos, económicos, históricos, sociales y, si nos apuramos un poco, hasta en lo deportivo.
En el frente de la enseñanza, tanto de primaria como de secundaria, se pueden leer los siguientes textos en Vascongadas:
“Los euskaldunes vivimos divididos en dos Estados: España y Francia”. O este otro: “Hay en Europa algunas naciones sin Estado”.
En el frente político, la desmembración nacional es notoria, aunque haya personas que no quieren darse cuenta o que dicen que tal asunto no les afecta. En este frente, tanto la persecución de la libertad de expresión, así como la persecución religiosa, marcadas ambas por un totalitarismo educativo que daría envidia al mismísimo Antonio Gramsci, también son públicos y notorios.
En el frente económico, el asunto es de extrema gravedad, ya que se pueden ver perjudicados seriamente los distintos territorios de España. Así, el artículo 134.1 de la Constitución (curiosamente muy parecido al artículo 54.1 de la Ley Orgánica del Estado de 1.967), habla de que corresponde al Gobierno la “competencia en la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado”. Dicho artículo choca frontalmente con el artículo 203.2 del Estatuto de Cataluña que establece “plena autonomía de gasto para aplicar libremente sus recursos de acuerdo con las directrices políticas y sociales determinadas por sus instituciones de autogobierno”.
Por otra parte, la Constitución dice lo siguiente en el artículo 31.2: “los poderes públicos realizarán una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a criterios de eficiencia y economía”.
En sintonía con este último artículo también está el 138.1, en virtud del cual “el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”.
De aprobarse el estatuto catalán, el gobierno autónomo se quedaría con los impuestos del Estado que se recaudasen en la comunidad. Es decir, que el Gobierno de la nación se vería privado de una ingente cantidad de dinero para hacer, por ejemplo, un centro de salud en Peñaranda de Bracamonte; una residencia para la tercera edad en Matalascañas, o una carretera en Vichocuntín. El principio de solidaridad brillaría por su ausencia.
En el frente histórico, la falsificación y manipulación, han logrado que los catalanes se crean un pasado histórico que no tienen. No vamos a extendernos aquí sobre este tema tan manido. No hay más que leer los estudios que al respecto han hecho Ramón Menéndez Pidal, Salvador de Madariaga y, no hace mucho tiempo, D. Gustavo Bueno en su libro “España no es un mito”, Ediciones Temas de Hoy, 302 páginas, Madrid 2005.
Continuará.
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