Como decíamos en el anterior artículo, se impone una
reforma total del Estado porque, tal como están las cosas en estos momentos en
España, si no se aplican verdaderas reformas, el barco se acabará hundiendo.
Según nuestra modesta opinión había que estudiar o
evaluar, entre otras muchas cosas, las actuaciones de las instituciones
públicas y ver cuáles son beneficiosas y cuáles son perjudiciales.
Por otra parte, ayuntamientos, diputaciones,
autonomías y demás organismos, en estos momentos sólo sirven para la
desarticulación y fragmentación del Estado, lo que trae como consecuencia
que éste sea totalmente inútil e incapaz de resolver los innumerables problemas
que padecemos.
Dichas fragmentación y desarticulación se ven
claramente en la aplicación de la justicia. No vamos a poner ejemplos porque
desgraciadamente están a la orden del día. Además, impiden el funcionamiento de
un Estado normalmente constituido, que sería el que demostrase su verdadera
utilidad y capacidad para preservar a la sociedad de los problemas que genera
dicha fragmentación y desarticulación.
Mientras no se haga una evaluación desinteresada y
exenta de toda connotación partidista, España seguirá rota camino del pozo.
Continuará.
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