Efectivamente, así es España: casi 18.000 aforados, toda
una marca digna del Guinness World Records.
En España, existe una figura jurídica conocida como
"aforamiento" que otorga a determinados cargos públicos el privilegio
de ser juzgados exclusivamente por tribunales superiores, como el Tribunal
Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, en lugar de los
juzgados ordinarios que juzgan al resto de los ciudadanos. Este estatus
especial afecta a miles de personas, incluyendo diputados, senadores,
magistrados, fiscales, y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, entre otros.
El aforamiento fue concebido originalmente como una
garantía para proteger la independencia de ciertos cargos públicos frente a
posibles presiones judiciales o políticas, evitando que causas espurias o
interesadas pudieran entorpecer su labor institucional. No obstante, con el
tiempo, este mecanismo ha sido objeto de crítica por ser percibido como un
privilegio injustificado que rompe el principio de igualdad ante la ley.
Los aforados, en la práctica, disfrutan de ventajas
procesales significativas. Al ser juzgados únicamente por tribunales
superiores, sus causas pueden tardar más tiempo en resolverse debido a la carga
de trabajo de estas instancias, y además, tienen menos niveles de recurso al
tratarse de la última instancia. Esto puede generar tanto sensación de
impunidad como una justicia menos ágil.
En contraste, en países de nuestro entorno como
Francia o Italia, el aforamiento es mucho más limitado o incluso inexistente.
En Francia, por ejemplo, sólo hay 19 aforados; en Italia, 1, mientras que en
Inglaterra y en Alemania esto no existe.
En consecuencia, la existencia del aforamiento en
España plantea un serio debate sobre la necesidad de revisar esta figura legal.
En una democracia madura, todos los ciudadanos, sin importar su cargo o
estatus, deberían estar sometidos a las mismas reglas y procedimientos
judiciales. La persistencia del aforamiento masivo en España contrasta con la
evolución de otros países europeos hacia sistemas más igualitarios y
transparentes, lo que subraya la urgencia de una reforma que elimine estos
privilegios y refuerce el principio de igualdad ante la ley.
En fin, España es diferente: la costosa casta política
está blindada, protegida, recubierta, revestida, etc. Así nos luce el pelo.
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